Hace un mes el Concello afirmó no tener facturas pendientes y ahora un informe de la intervención recoge 450.000 € pendientes de pagar

Poco más de un mes después de que el equipo de gobierno hiciera público que el Concello no tenía ninguna factura sin pagar del ejercicio 2020. Una afirmación que también hizo el portavoz socialista y reafirmó la alcaldesa en pleno. Lo cierto es que según el informe de la Intervención municipal, el Concello guardó en el cajón  450.000 €. Esta tarde se celebra un pleno extraordinario en el que el PP pedirá responsabilidades y el pago inmediato de lo adeudado.

 

Ante la evidencia de la deuda pendiente reflejada en el documento, la portavoz popular, Cecilia Vázquez, ha sido contundente al describir la actuación del Gobierno local “Non podemos tolerar mentiras continuadas aos nosos veciños e veciñas. Veñen de aprobar unha conta na que descubrimos 450.000 euros sen pagar.” Una situación de mala gestión, pero que además se agrava con la mentira, según indica la portavoz popular, en un video. “Fai  un mes que contaban aos medios de comunicación que o Concello de Betanzos tiña unha débeda  cos comerciantes e comercial cero, unha nova mentira máis” afirmó Vázquez.

 

La concejala dijo que el Partido Popular no va a tolerar estas mentiras ya que una parte de esa deuda la debe el Concello a vecinos y vecinas, comerciantes, hosteleros  y empresarios de la localidad. Vecin@s, empresari@s, comerciantes y hosteler@s que están atravesando la crisis del Covid19 con grandes dificultades. Un año, comentó Vázquez, con seguridad el más duro que hemos atravesado, en el que el concello no solo les debe dinero, sino que además les miente “algo que repito no vamos a tolerar”

 

Informe de Intervención

Por si todo el anterior descalabro económico envuelto en mentiras no fuese suficiente, la interventora municipal también añade en su informe que una reparación suspensiva a las facturas emitidas por una treintena de empresas o particulares por ser servicios repetidos, que exceden el contrato menor, por lo que tuvieron que salir a licitación. El informe también cuestiona los costos del protocolo y dice que “deben hacerse de manera responsable y siempre teniendo en cuenta que son recursos públicos y no deben ser entendidos como de libre disposición por parte del administrador público”.

La funcionaria también emite una reparación a las facturas presentadas por una empresa en el entendido de que viola la ley de contratos, lo que impide instrumentar la contratación de personal a través del contrato de servicios. En el expediente se incluye un informe del asesor legal que, si bien no discrepa de los motivos de la reparación por el abuso del menor contrato en los servicios prestados de manera permanente, considera que debe ser levantada y pagada en el caso de trabajo realmente realizado.

 

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